Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI), organización mundial que protege los derechos indígenas y amplifica las voces de las víctimas frente a la criminalización e impunidad, y el Colectivo de Mayores camino de los Ancestros expresamos nuestra profunda preocupación frente al incremento significativo de los ataques hacia los pueblos indígenas del Cauca. Pedimos al Estado colombiano acciones decididas para garantizar su vida e integridad ante los ataques que, además, violan su autonomía y sus derechos colectivos.
De acuerdo con información que nos han hecho llegar de manera directa, las comunidades indígenas en el departamento del Cauca permanecen en estado de alarma ante la escalada de violencia y la emergencia humanitaria intensificada. A pesar de la emisión de alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, en las últimas semanas se ha suscitado una serie de eventos que ha impactado profundamente a la población indígena de la zona.
Algunos de estos actos violentos son: el asesinato de la líder indígena nasa Carmelina Yule Pavi en Toribío el 17 de marzo; un ataque armado en la vía Panamericana entre Piendamó y Tunía, ocurrido el 5 de abril, que dejó un oficial de policía muerto y cuatro personas heridas; la detonación de un carro bomba en Miranda, que tuvo como resultado lesiones a cuatro personas; la activación de un artefacto explosivo en la vía Panamericana entre Popayán y Cali el pasado 13 de abril; el confrontamiento armado en el área urbana de Jambaló del 16 de abril; y la retención de los comuneros Luis Ángel Liz y el menor de edad Estiven Quinto del Resguardo Indígena de san Andrés de Pisimbalá, ocurrido el 21 de abril, quienes fueron rescatados posteriormente por la guardia indígena y la comunidad.
Esta situación se inscribe dentro de la violencia armada que sigue afectando especialmente a los pueblos indígenas después de la firma de los Acuerdos de Paz. De acuerdo con el informe anual de la ONIC, en el año 2023, más de 58 mil hombres y mujeres pertenecientes a diversos pueblos indígenas fueron víctimas de hostigamientos, confinamientos y desplazamientos forzados. Asimismo, Indepaz estima que al menos 37 líderes indígenas han perdido la vida en Colombia durante dicho periodo. El informe de IPRI de 2022 da cuenta de que los grupos armados siguen actuando dentro de los territorios de los pueblos indígenas, asesinando a guardias indígenas y autoridades, reclutando de manera forzada a niños, niñas y adolescentes indígenas, imponiendo confinamientos forzados y desplazando a personas indígenas de sus territorios.
Lamentablemente, la impunidad prevalece en más del 90% de estos casos, fomentando que estos atentados contra la vida e integridad de personas indígenas y pueblos se sigan perpetrando.
Las y los hermanos de los pueblos indígenas caucanos -mayoras y mayores, infancias y el propio territorio- no son actores del conflicto, sino víctimas del mismo y, como tales, merecedores de especial protección.
Ante estas amenazas a la existencia de los pueblos indígenas, tanto a nivel físico como a nivel de entidades colectivas con formas de vida y derechos específicos, demandamos el actuar inmediato y decidido del Estado para:
- Que cesen las agresiones y los asesinatos contra los pueblos indígenas
- Que se respeten plenamente las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores presentes en los territorios de los pueblos indígenas.
- Que se garantice el funcionamiento de los sistemas de gobierno propios de los pueblos indígenas.
- Que se respete la autonomía de los pueblos del Cauca.
- Que se restablezcan los diálogos que lleven a la finalización de la violencia armada contra los pueblos indígenas.
IPRI y el Colectivo de Mayores camino de los Ancestros permaneceremos atentos a la grave situación de violencia que siguen viviendo nuestros hermanos y hermanas indígenas en el Cauca. La paz no es paz si no llega a los territorios de los pueblos indígenas.
